El 8 de enero de 1988, los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendy, de 17 y 14 años respectivamente, fueron detenidos por la Policía Nacional del Ecuador y posteriormente desaparecidos mientras se encontraban bajo la custodia de esta institución.

Después de once meses durante los cuales los que los padres de los menores no recibieron resultados aceptables por parte de la Policía Nacional, hicieron público el caso en busca de colaboración por parte del Estado ecuatoriano, lo cual no trajo ningún resultado positivo respecto de la suerte de los hermanos Restrepo.

En 1990, una Comisión Especial se encargó de este caso, la cual pudo determinar que los dos menores habían sido detenidos, torturados, muertos y desaparecidos por parte de la Policía Nacional del Ecuador y que sus cuerpos habían sido arrojados a la laguna de Yambo provincia de Cotopaxi. A partir de este hecho, se iniciaron varios procesos judiciales, sin haber logrado una información oficial sobre el paradero actual de los dos menores.

El Estado ecuatoriano aceptó su responsabilidad sobre los hechos y, firmó un Acuerdo de Solución Amistosa el 14 de mayo de 1998, avalado por la CIDH, conforme el cual se comprometió a ejecutar una completa, total y definitiva búsqueda en la laguna de Yambo, de los cuerpos de los hermanos Restrepo, que se presume podían haber sido arrojados allí.

Al momento de suscribirse este Acuerdo el Estado no contaba con la institucionalidad necesaria para afrontar el compromiso jurídico, técnico y de investigación que requiere un caso dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A partir de este caso paradigmático y otros relevantes, la Procuraduría General del Estado constituyó un equipo especializado de litigantes e investigadores, que forman parte de la actual Dirección Nacional de Derechos Humanos.

Estos profesionales acompañaron el proceso de los hermanos Restrepo-Arismendy por aproximadamente diez años, registrando minuciosamente todos los esfuerzos nacionales e internacionales que se han hecho para cumplir la obligación del Estado.

La cooperación internacional varias veces presentó proyectos para la realización de la nueva búsqueda en Yambo, sin embargo no lograron llevarse a cabo. En estos procedimientos participaron la Embajada Americana, Francesa y Argentina. Esta última nación, dentro de las relaciones sur-sur envió una misión de buzos y antropólogos para una preinspección y muestreo, misma que desafortunadamente no pudo materializarse por los altos riesgos que una operación de esta magnitud implicaba.

En 2008 la PGE asumió la alta responsabilidad de la nueva búsqueda de los hermanos Restrepo Arismendy. Para llevar adelante esta tarea, luego de un proceso licitatorio se contrató a la Empresa de Logística Subacuática Darwinvest Cía Ltda, el 24 de diciembre del 2008.

La nueva búsqueda de los hermanos Restrepo Arismendy se realizó entre febrero y mayo de 2009. Esta intervención técnica determinó que los buzos sean guiados por criterios de hallazgo antropológico, es decir, que en base a la iluminación de lámparas de alto poder con un dominio de diámetro de sesenta centímetros se ubiquen todos los objetivos (artefactos, objetos de interés) y sean cuidadosamente captados por un saco-red especial que permitía cargar hasta por lo menos un tercio la capacidad de arrastre de un buzo.

Se utilizó también una cámara de dragado que fue estabilizada con pesas especiales para seleccionar muestras grandes, y además obtener sedimento que pudiera contener otras composiciones internas, es decir objetos que se encuentren ocultos dentro este material. Es necesario destacar el apoyo profesional de la Fiscalía Distrital de Cotopaxi para precautelar posibles evidencias y de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con su aporte científico.

El informe final dió cuenta de todas las actividades científicas y técnicas que se desarrollaron en Yambo y que constituyen por sí solas experiencias inéditas en la Investigación Forense de América Latina.

Con fecha 26 de agosto de 2009, el Procurador General del Estado, Diego García Carrión, tras receptar el informe final sobre la nueva búsqueda de los restos de los hermanos Restrepo en la laguna de Yambo, sostuvo que con estas acciones se cierra un capítulo doloroso en la historia de nuestro país y que desde el punto de vista legal, el compromiso adquirido en el Acuerdo de solución Amistosa firmado con la familia Restrepo, se encuentra cumplido a cabalidad y constituye un caso cerrado para la defensa del Estado.

“El derecho a la verdad” fue tratado por primera vez por la Comisión Interamericana de Derechos Humano en 1998. Inicialmente este derecho se pensó como exclusivo para los familiares de los desaparecidos y de las víctimas para conocer la suerte de sus seres queridos. Afortunadamente, este derecho ha evolucionado y ahora el “derecho a la verdad” pertenece no solamente a las víctimas, familiares y sobreviviente sino a toda la sociedad. El Estado precisamente es garante de este derecho. Esa es la razón primordial por la que la PGE participó de manera decisiva en este caso.