HISTORIA

El 8 de diciembre de 2004, en una resolución parlamentaria el ex Congreso Nacional, determina la remoción de 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, esto se registró según los demandantes en ausencia de un marco legal claro que regulara las causales y procedimientos de separación de estos jueces de su cargo, y en presunto desconocimiento de las normas constitucionales en virtud de la cuales fueron nombrados en cuanto al carácter indefinido de su designación.

En su defensa, los jueces removidos presentaron una demanda contra el Estado ecuatoriano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego este organismo calificó la petición y dio paso al proceso ante Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí alegaron que no contaron con las garantí­as mí­nimas de un debido proceso, no fueron escuchados, no tuvieron oportunidad de defenderse y tampoco tuvieron a su disposición un recurso judicial efectivo que les ampare.

El Estado, en la audiencia pública celebrada en San José de Costa Rica con fecha 4 de febrero de 2013 reconoció parcialmente los hechos que consideraron violatorios de los derechos de los ex Magistrados, por lo que se allanó parcialmente a la violación alegada en ciertos derechos:

Garantí­as judiciales: en razón de haber sido separados de sus cargos sin contar con la posibilidad de comparecer ante un Congreso Nacional.

Principio de legalidad: en virtud que no se contó con una causal determinada en la ley para la separación de los cargos de magistrados.

Derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo: por cuanto en el caso de los magistrados, no se les proporcionó un recurso efectivo, idóneo en sede judicial contra la Resolución del 2004 del Congreso Nacional.

Este reconocimiento del Estado ecuatoriano constituyó, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una contribución positiva por parte de Ecuador, al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los derechos humanos en la región.

La defensa del Estado ecuatoriano, a través de la PGE, demostró que el Código Orgánico de la Función Judicial publicado en Registro Oficial del 9 de marzo de 2009 es una norma encuadrada en el parámetro interamericano para garantizar la independencia y estabilidad de los jueces del Ecuador, argumento acogido por la Corte IDH en su fallo, en el que declaró la inexistencia de violación del Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno, es decir que el Estado debe dictar normas que se encuadren al contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El 23 de agosto de 2013, la PGE recibió la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien estimó que el Estado no era responsable de las alegadas violaciones a los derechos de igualdad ante la ley, al Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno, Garantí­as Judiciales, Principio de Legalidad y de Retroactividad; y determinó el pago de una indemnización económica para las ví­ctimas.

El accionar estratégico y contundente de la PGE logró reducir el monto de indemnización de 21 millones quinientos ochenta y cinco mil dólares, que exigí­an inicialmente los demandantes, a 11 millones 390 mil dólares.

Este criterio de reparación le concedió la razón al Estado por cuanto, la indemnización no podí­a calcularse desde el tiempo en el que ocurrieron los hechos hasta la fecha en la que se dictó la sentencia por parte de la Corte IDH, en razón de que la Constitución de 2008 establecí­a una nueva institucionalidad y normativa para la conformación de la nueva Corte Nacional de Justicia y resultaba improcedente determinar montos con esa nueva temporalidad jurí­dica.