El 19 de diciembre de 1981, la demandante, Lissa Ann Minton, contrae matrimonio con Alejandro Peñafiel, ex presidente del Banco de Prestamos, quien por malos manejos tiene que entregar la administración de su entidad bancaria a la Agencia de Garantías de Depósitos, AGD.

El matrimonio adquiere en el paí­s bienes, propiedades y valores los mismos que fueron incautados por el Estado para resolver las demandas de los clientes del Banco de Préstamos, afectados por la quiebra.

En el año 2003, Lisa Ann Minton Peñafiel demandó el divorcio a su cónyuge en los Estados Unidos, y posteriormente, en el mes de noviembre de 2010, demandó en el territorio Ecuatoriano al Fideicomiso C.F.N. NO MÁS IMPUNIDAD, exigiéndole la devolución del 50% de todos los bienes que fueron incautados por la extinta Agencia de Garantías de Depósitos AGD, que a decir de la demandante le pertenecí­an por la división de la sociedad conyugal, reclamó también el pago de daños y perjuicios y costas judiciales y cuantificó la demanda en Seiscientos millones de dólares americanos.

El 23 de marzo de 2011, la Procuraduría General del Estado fue citada y compareció directamente en la causa, contestó la demanda y demostró en estrados que no procedí­a dicha, demanda dado que la sociedad conyugal estaba vigente tanto al momento de adquirir y gozar de bienes, como cuando tuvieron obligaciones frente al estado por el manejo administrativo y financiero del Banco de Préstamos. En consecuencia los bienes personales y de la sociedad conyugal se vieron afectados.

Muchos de estos bienes incautados fueron transferidos en real propiedad al Estado, subastados o adjudicados para restablecer los daños que la quiebra bancaria causó al estado y a la ciudadaní­a.

Ante tales argumentos jurí­dicos, el 23 de julio del año 2013, el Juzgado Vigésimo de lo Civil de Pichincha, rechaza la demanda de Lisa Ann Minton, da por archivado el caso por improcedente, sin que los demandantes presenten ningún recurso, por lo tanto esta se encuentra ejecutoriada y tratada.

Cabe resaltar la agilidad y oportunidad de defender los bienes del Estado por parte de la Procuraduría General del Estado.