El Estado Ecuatoriano, a través de Petroecuador firmó los contratos de participación con las compañías Perenco (Francia) y Burlington (EE.UU) para operar los bloques 7 y 21, y del campo unificado Coca Payamino.

Los contratos de participación para la exploración y explotación del petróleo de los bloques 7 y 21 fueron suscritos el 20 de marzo de 1995 y el 23 de marzo del 2000 respectivamente. Burlington se convirtió en parte del contrato del bloque 21 a finales del año 2001 y del bloque 7 a inicios del 2002.

Debido al incremento internacional de los precios del petróleo, el 25 de abril de 2006, el Congreso Nacional del Ecuador reformó la ley de hidrocarburos, a través de la ley 2006-42 que reguló la participación de las multinacionales sobre los ingresos extraordinarios del petróleo.

Una vez reformada la ley, estableció que del monto del excedente del precio del crudo por barril, debía entregarse al Estado Ecuatoriano un porcentaje mínimo equivalente al 50%. El 16 de julio de 2009, las contratistas, sin previo aviso abandonaron los bloques, ante lo cual el Estado ecuatoriano asumió su operación para asegurar que no se detenga la producción de crudo y se produzcan daños en los pozos.

El 20 de julio de 2010, el Ministro de Recursos Naturales no Renovables, declaró la caducidad de los contratos a cargo de PERENCO y BURLINGTON, basado en el numeral 4 del artículo 74 de la ley de hidrocarburos, que señala que el Ministerio podrá declarar la caducidad si la contratista suspendiera actividades de explotación por más de 30 días sin causa justa.

LOS LAUDOS

El 11 y 17 de octubre de 2007 respectivamente y tras la inconformidad del Consorcio Burlington-Perenco, las multinacionales presentan la notificación de controversia al Estado Ecuatoriano, con la finalidad de iniciar la ronda de negociaciones para solventar el impase.

Tras la falta de acuerdo en las conversaciones entre las partes involucradas, las compañías petroleras internacionales, presentaron una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones, CIADI, el 21 y 30 de abril de 2008 respectivamente, en las sedes del organismo en Paris y Washington.

Perenco como argumento a su solicitud de arbitraje, cuestionó la reforma de la ley 42 de 2006, aduciendo que los derechos contractuales de exploración y explotación adquiridos bajo la firma del TBI entre Francia y Ecuador se vieron afectados; más sin embargo durante las rondas de negociaciones posterior a la notificiación de controversia, hasta finales de abril de 2008, Perenco realizó los pagos requeridos bajo la ley 42.

De su parte Ecuador sostuvo que la presentación de Perenco de la ley 42 era engañosa. Perenco ignora por completo los suceso que rodearon a la aprobación de la ley 42, esto es el hecho de que el alza de los precios del petróleo, a partir del 2002, destruyó por completo la estabilidad económica de los contratos de participación de Ecuador, incluidos aquellos suscritos por Perenco y Burlington para los bloques 7 y 21.

En consecuencia, y precisamente al igual que lo hizo la mayoría, sino no todos los países productores de Petróleo en una posición comparable, después de un periodo de incrementos inimaginables en los precios y utilidades producidas por los contratistas, Ecuador tomó medidas – en particular la ley 42- para ajustar su parte proporcional de los ingresos generados por las actividades extractivas, a lo que ésta creía era al momento en que celebró los contratos de participación.

Además la ley 42 no afectaba los ingresos de las compañías porque reguló el factor precio que no había sido considerado dentro de las variables para determinar la participación de la compañías petroleras, por lo tanto no existe una afectación a las condiciones contractuales de la compañía y menos la economía del contrato.

El 18 de julio y 12 de septiembre de 2014, el Tribunal Arbitral constituido bajo el Convenio CIADI, notificó a la PGE, la decisión que dictó a favor de la demandante, donde admite el reclamo de Perenco por incumplimiento contractual de Ecuador respecto a la ley 42 al 99 % y el reclamo por incumplimiento de contrato del bloque 21 como resultado de la declaración de caducidad emitida por el Ministerio de Recursos no Renovables y violación al artículo 6 del TBI.

Habiéndose determinado que el Ecuador incumplió los Contratos de Particiación y el Tratado, se iniciará la fase de cuantificación de daños, las mismas que se encuentran aún en proceso de estudio y análisis.

Paralelamente a las acciones interpuestas por PERENCO contra el Estado ecuatoriano, la multinacional estadounidense, Burlington procedió de igual forma ante el Tribunal Arbitral constituido bajo el convenio CIADI con sede en la ciudad de Paris y bajo el mismo esquema de inconformidad producto de la reforma de la ley de Hidrocarburos.

El 14 de diciembre de 2012, el Tribunal emitió su fallo en donde determinó la responsabilidad del Ecuador por violación del TBI. A partir de esta decisión se encuentra en trámite la fase de cuantificación de daños en la que la compañía ha demandado el pago de una indemnización por un monto de $ 1´139,1 millones más intereses compuestos, los costos y gastos.

En consecuencia de esta decisión, el 28 de enero de 2013, Ecuador a través de la PGE presentó una petición de reconsideración que será atendida por el Tribunal durante la audiencia de daños a realizarse en Paris en marzo de 2015.

A la luz de las decisiones de responsabilidad proferidas en contra de la República del Ecuador, llama la atención las inconsistencias y contradicciones de los Tribunales Arbitrales, que conocen los casos y que al amparo de los mismos hechos referidos a los mismos contratos de los bloques 7 y 21 han fallado de forma distinta. Por citar varios ejemplos:

Sobre la caducidad: El tribunal del Caso Burlington consideró que las declaratorias de caducidad formalizaron una situación imperante (el abandono de los bloques), para el tribunal la declaratoria resultó irrelevante a los fines del análisis de la expropiación. De ahí que el Tribunal ni siquiera analizara los argumentos de las partes en ese sentido. Por su parte, El Tribunal del caso Perenco consideró que la caducidad fue una medida equivalente a la expropiación y por tanto violatoria del TBI

Ley 42 al 99%: El Tribunal Burlington consideró que la ley 42 al 99% no constituyó una medida equivalente a la expropiación, ni atentatoria del TBI, decisión en flagrante contradicción al Tribunal Perenco que catalogó a la ley como violatoria del estándar de trato justo y equitativo contemplado en el TBI.

Ocupación física de bloques: Para el tribunal Burlington, con la ocupación física de los bloques 7 y 21 efectuada por Ecuador, la República expropió la inversión de Burlington el 30 de agosto de 2009. Ecuador violó el Artículo III del tratado al expropiar de manera ilegítima la inversión de Burlington en los bloques 7 y 21 a partir del 30 de agosto de 2009. Por el contrario, el Tribunal Perenco, desestimó el reclamo relativo a que la intervención del Ecuador en los bloques 7 y 21 pues consideró que el Estado tenía el derecho a operar y mantener los bloques luego de que el consorcio se había retirado.

Por otro lado, y a la par del desarrollo de los dos procesos arbitrales, el Ecuador presentó 2 demandas reconvencionales en contra de las petroleras Burlington y Perenco por daño ambiental y por falta de mantenimiento de las facilidades de los bloques 7 y 21. Al final de la audiencia sobre las contrademandas ambientales del caso Burlington realizadas en Paris del 1 al 7 junio del presente año, el Tribunal Arbitral integrado por los árbitros Gabrielle Kaufman-Kholer (presidenta), Brigitte Stern y Stephen L Drymer ( coárbitros ), manifestó a las partes su decisión de visitar Ecuador y verificar in situ los hechos que llevaron al Ecuador a realizar las respectivas contrademandas.

Debido al incremento de los precios internacionales del petróleo, el 25 de abril de 2006, el Congreso Nacional del Ecuador promulgó la Ley 2006-42 que reguló los ingresos extraordinarios del crudo, estableciendo que sobre el excedente, un 50% debía entregarse al Estado y un 50% a las compañías contratistas. Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo N° 662 del 4 de octubre de 2007, este porcentaje fue modificado al 99 por ciento para el estado y 1% para las compañías extranjeras.

En tal virtud, las empresas petroleras multinacionales Burlington y Perenco que operaban los Bloques 7 y 21 de la Amazonía ecuatoriana, presentaron una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, el 21 y 30 de abril de 2008 respectivamente.

El 16 de julio del 2009 las contratistas, sin previo aviso, abandonaron los bloques a su cargo, ante lo cual, el Estado ecuatoriano asumió su operación para asegurar que no se detenga la producción de crudo y se produzcan daños en los pozos. El 22 de julio del 2010, el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables declaró la caducidad de los contratos, basado en el numeral 4 del artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos.

Al igual que hicieron la mayoría de países productores de petroleo en una posición comparable, después de un periodo de incremento inimaginable en los precios del crudo y en las utilidades producidas por los contratistas, Ecuador tomó medidas, en particular la Ley 42, para ajustar su parte proporcional de los ingresos generados por las actividades extractivas de sus recursos naturales.

La francesa Perenco, como argumento en su solicitud de arbitraje, cuestionó la Ley 42 del 2006, aduciendo que los derechos contractuales adquiridos bajo la firma del Tratado Bilateral de Inversiones Francia – Ecuador se vieron afectados; sin embargo hasta finales de abril de 2008 Perenco realizó los pagos requeridos bajo la mencionada Ley 42. La defensa de Ecuador, sostuvo que la presentación de Perenco de la Ley 42 era engañosa pues ignora por completo los sucesos que rodearon a la aprobación de esta Ley.

El 18 de julio y 12 de septiembre de 2014, el Tribunal notificó a la Procuraduría General del Estado la decisión que dictó a favor de la Demandante, donde admite el reclamo de Perenco por incumplimiento contractual de Ecuador respecto a la ley 42 al 99% y el reclamo por incumplimiento de contrato del bloque 21 como resultado de la declaración de caducidad y la violación al artículo 6 del TBI. A raíz de lo cual se inicia la fase de cuantificación de daños, la misma que se encuentra aún en proceso de estudio y análisis.

El pedido de arbitraje de la compañía americana Burligton se enmarca en el mismo esquema inconformidad producto de la reforma de la Ley de Hidrocarburos.

El 14 de diciembre del 2012, el Tribunal emitió su fallo en donde determinó la responsabilidad del Ecuador por violación del Tratado Bilateral de Inversiones. A partir de esta decisión se encuentra en trámite la fase de cuantificación de daños en la que la compañía ha demandado el pago de una indemnización por un $1.139,1 millones más intereses compuestos, costos y gastos.

La defensa de Ecuador presentó, el 28 de enero del 2013 una petición de reconsideración que será atendida por el Tribunal durante la audiencia de daños a realizarse en Paris en marzo de 2015.

Diferencias procesales Burlington Perenco

A la luz de las decisiones de responsabilidad proferidas en contra de la República del Ecuador, llama la atención las inconsistencias y contradicciones de los Tribunales Arbitrales que conocen los casos y que al amparo de los mismos hechos referidos a los mismos contratos de los bloques 7 y 21 han fallado de forma distinta. Por citar varios ejemplos:

Sobre la caducidad: El Tribunal Burlington consideró que las declaratorias de caducidad formalizaron una situación imperante (el abandono de los bloques), y esta resultó irrelevante a los fines del análisis de la expropiación. De ahí que el Tribunal ni siquiera analizara los argumentos de las partes en este sentido. Por su parte, el Tribunal Perenco consideró que la caducidad fue una medida equivalente a la expropiación y por tanto violatoria del TBI.

Ley 42 al 99%: El Tribunal Burlington consideró que la Ley 42 al 99% no constituyó una medida equivalente a la expropiación, ni atentatoria del TBI; decisión en flagrante contradicción al Tribunal Perenco que catalogó a la ley como violatoria del estándar de trato justo y equitativo contemplado en el TBI.

Ocupación física de los bloques: Para el Tribunal Burlington, con la ocupación física de los Bloques 7 y 21 efectuada por Ecuador, la República expropió la inversión de Burlington el 30 de agosto de 2009 y violó el Artículo III del Tratado. Por el contrario, el Tribunal Perenco, desestimó este reclamo pues consideró que el Estado tenía el derecho a operar y mantener los Bloques luego de que el Consorcio se había retirado.

A la par del desarrollo de los dos procesos arbitrales, el Ecuador presentó dos demandas reconvencionales en contra de las petroleras Burlington y Perenco por daño ambiental y por la falta de mantenimiento de las facilidades de los Bloques 7 y 21. Al final de la audiencia sobre las contrademandas ambientales del caso Burlington realizada en Paris del 1 al 7 junio del presente año, el Tribunal Arbitral integrado por los árbitros Gabrielle Kaufman-Kholer (Presidenta), Brigitte Stern y Stephen L. Drymer (coárbitros), manifestó a las partes su decisión de visitar Ecuador y verificar in situ los hechos que llevaron al Ecuador a realizar las respectivas contrademandas.