El 27 de enero de 1986 las compañias Repsol YPF Ecuador, S.A, Amodaimi-Oil Company Ltd, CRS Resources (Ecuador) LDC, y Overseas Petroleum and Investment Corporation y el la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE suscribieron el Contrato de Participación para la Exploración y Explotación del Bloque 16 en la región amazónica.

Debido al incremento internacional de los precios del petroleo, el 25 de abril de 2006, el Congreso Nacional del Ecuador promulgó la Ley 2006-42 que reguló los ingresos extraordinarios del petróleo en un 50% para el Estado y 50% para las compañías. Mediante Decreto Ejecutivo 662 del 4 de octubre de 2007, este porcentaje fue modificado al 99 por ciento para el estado y el-1% para las petroleras.

La compañía Repsol inició un proceso arbitral ante el CIADI, en contra de la República del Ecuador el 8 de agosto de 2008. La Contratista argumentó que con la vigencia de la Ley 42, el Ecuador y Petroecuador incumplieron con todos los compromisos asumidos en el Contacto de Participación, buscando apropiarse, por decisión unilateral, del beneficio que correspondía a la Compañía contratista.

Según las demandantes, bajo el Contrato de Participación, ellas asumían el riesgo de los precios bajos y por lo tanto tenían la garantía de que se beneficiarían de un no contemplado incremento de precios.  Con la nueva ley, el Estado pretendió revertir esta situación y la distribución de riesgos del contrato.

Entre otras cosas, la contratista solicitó al Tribunal que declare a Ecuador y a Petroecuador responsables solidarios por el pago de una indemnización de daños y perjuicios resultante de la violación del Contrato de Participación.

Por su parte, la defensa del Ecuador señaló que La Ley 42 no modificó los contratos, sino que reguló el factor precio, que no estaba considerado en los contratos, logrando un equilibró entre las partes.

Luego de extensas rondas de negociación, que iniciaron en el 2008 y culminaron en el 2010,  el 23 de noviembre de 2010 Repsol y el Estado ecuatoriano suscribieron un nuevo Contrato de Prestación de Servicios en reemplazo de su Contrato de Participación suscrito en 1996.  Este acuerdo se logró luego de que Repsol le comprara su porcentaje en el contrato a Murphy. Â La compañía firmó un convenio de pago por lo valores adeudados por concepto de la Ley 42, valores que fueron cancelados al Estado ecuatoriano en su totalidad.

Posteriormente Repsol notificó al CIADI con el retiro del arbitraje.  El tribunal dio por concluido este procedimiento arbitral mediante resolución de fecha 9 de febrero de 2011 sin costo alguno para el Ecuador.