HISTORIA

La Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador y el consorcio Compañía General de Combustibles S.A. y Petrolera Argentina San Jorge S.A. suscribieron un contrato de participación para la exploración y explotación de petróleo crudo en el bloque 23 de la Región Amazónica en 1996. El espacio territorial otorgado para ese efecto comprendía una superficie de 200.000 Hectáreas, en las que habitan varias asociaciones, comunidades y pueblos indígenas, como el pueblo Kichwa de Sarayaku.

En noviembre de 2002, ante el ingreso CGC (Compañía General del Combustibles) al territorio de Sarayaku, la comunidad paralizó todas sus actividades económicas, administrativas y escolares con el propósito de resguardar los límites de su territorio.

La empresa abrió trochas sísmicas, habilitó siete helipuertos, destruyó cuevas, fuentes de agua, y ríos subterráneos, necesarios para consumo de agua de la comunidad; taló árboles y plantas de gran valor medioambiental, cultural y de subsistencia alimentaria de Sarayaku.

La Asociación de Sarayaku envió una comunicación al Ministerio de Energía y Minas manifestando su oposición a la entrada de compañías petroleras en su territorio ancestral.

Entre febrero de 2003 y diciembre de 2004 fueron denunciadas presuntas amenazas y hostigamientos realizados en perjuicio de miembros de Sarayaku.

8 años más tarde, el 19 de noviembre de 2010, PETROECUADOR firmó con la empresa CGC un Acta de Terminación por mutuo acuerdo del contrato.

PGE.

El Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de abril del 2010 por efecto de una demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en base a una demanda recibida del pueblo Sarayacu en diciembre de 2003.

Las pretensiones se relacionaban con una supuesta violación del derecho a la consulta previa, libre e informada de la comunidad, previo a la suscripción del contrato de concesión con la CGC en 1996, en conexión con su derecho de propiedad sobre las tierras ancestrales, y la reanudación de las prospecciones sísmicas en 2002.

En torno a esta posición jurídica el Estado señaló que, si bien la consulta previa fue consagrada posteriormente en la Constitución de 1998 y ratificada en la de 2008 (artículo 57, numeral 7), ante la ausencia de norma infraconstitucional en la materia, en marzo de 2010 la Corte Constitucional estableció que el resultado de una consulta previa no es vinculante para el Estado y sus instituciones, y que la opinión de los pueblos consultados no implica la imposición de su voluntad sobre el Estado.

La defensa del Ecuador sostuvo que debe observarse el principio de equilibrio entre el interés general y el interés particular reconocido por la CIDH, pues una comunidad indígena aunque debe ser respetada y protegida, no puede imponer su voluntad sobre toda la sociedad.

La PGE destacó que a partir de 2007, el Estado ha destinado importantes recursos para el desarrollo de la comunidad Sarayaku a través de instituciones como el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE), el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), que han hecho también inversión social sostenida en la zona. Con el apoyo del Gobierno nacional y de la cooperación internacional, los habitantes de Sarayacu han podido construir obras de infraestructura, emprendimientos y servicios, como pistas de aterrizaje aéreo y paneles de energía solar, que redundan en beneficio de su comunidad.

En la audiencia del 6 y 7 de julio de 2011, el Estado ecuatoriano solicitó a la Corte que modifique el alcance de las medidas provisionales vigentes, de tal suerte que el Estado ecuatoriano pueda brindar una efectiva protección a las comunidades del río Bobonaza –igualmente titulares del territorio en donde se ubica el Bloque 23- como Cutucachi, Jatún Molino y Canelos, que han sido víctimas de actos de violencia y agresión por parte de algunos pobladores de Sarayaku y que, por ello se han visto obligados a desplazarse a otras zonas.

Por invitación del Estado ecuatoriano, los miembros de la Corte IDH realizaron una visita in situ el 21 de abril de 2012, al territorio del pueblo Sarakayu, donde acudieron, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su Presidente doctor Diego García-Sayán, la magistrada Rhadys Abreu Blondet y el secretario Pablo Saavedra Alessandri.

Durante esta diligencia, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, doctor Alexis Mera dijo que el Estado ecuatoriano condena los actos invasivos ocurridos en años anteriores y considera que la comunidad tiene derecho a una reparación.

Dentro de la Diligencia In Situ en territorio del Pueblo Indígena de Sarayaku, el Secretario Nacional Jurídico a nombre del Estado, reconoció la responsabilidad del Estado ecuatoriano. Por parte de la PGE fueron en delegación el Sub-Director de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Master Cristian Espinosa y el Abogado, Daniel Noroña, Asistente Jurídico. Este asunto fue valorado por la Corte en la sentencia, aunque no fue un procedimiento formal de allanamiento, sino un reconocimiento unilateral que permitió que la ciudadanía y el propio pueblo de Sarayaku conozcan la voluntad de respeto de derechos humanos frente a gobiernos anteriores que actuaron con otras políticas.

Esta gestión jurídica esencial para comprender las complejidades del caso dentro del territorio, se constituyó en la primera vez en la historia que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se desplazaron a un Estado para resolver un caso.

La presentación de evidencia probatoria del Estado ecuatoriano permitió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señale una reparación proporcional a toda la comunidad, de 1.404.344, 62 dólares americanos, y no se acepte la propuesta de la Comunidad de Sarayaku que rebasa ampliamente los estándares de reparación material e inmaterial por cuanto su pretensión bordeaba la suma de 10 millones de dólares americanos.

El 27 de junio de 2012, la Corte dictó sentencia de fondo y reparaciones dentro del caso. La resolución dictaminó pagar indemnizaciones como parte de la remediación por daños causados en 2002 y 2003. Por ello, el 26 de julio de 2013 el Gobierno Nacional realizó la transferencia de $ 1,3 millones a las cuentas de la comunidad. Además de disculpas públicas fueron presentadas el 30 de septiembre de 2014.