Un poco de historia

El 21 de mayo de 1999 se suscribió el Contrato de Participación entre Occidental Exploration y Petroecuador; para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Bloque 15 de la Región Amazónica.

El 19 de octubre de 2000, Occidental Exploration y la empresa canadiense Alberta Energy Corporation suscribieron el Acuerdo Farmout (explicación en subtitulos) por medio del cual se transferí­a a Alberta el 40% de los derechos y obligaciones del mencionado contrato de participación. Posteriormente Alberta transfirió esos derechos a la empresa china Andes Petroleo. Ninguna de las cuales fue parte en el proceso arbitral, ni estaban protegidas por el TBI, por no ser empresas americanas.

Las Demandantes no revelaron la existencia de este traspaso de derechos, pues conocían que esta transacción podía iniciar un proceso de caducidad, dado que no habían recibido la autorización previa que exige la ley. El contrato señalaba expresamente esta acción como causal de caducidad.

Es así­ como esta transacción se mantuvo en secreto por 3 años. Salió a la luz a través de una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Hidrocarburos en 2004, durante la cual, por accidente, OXY entregó copias no firmadas de los Contratos Farmout. Por tanto, se inició un proceso de caducidad que terminó con la declaratoria por parte del Ministro Iván Rodrí­guez, el 15 de mayo de 2006.

El Tratado Bilateral de Inversión firmado por Ecuador y EE.UU prevé en su artículo VI un período de seis meses para negociaciones y consultas, luego de generada una controversia. A pesar de esto, Occidental pide un Arbitraje al CIADI, acusando al Ecuador de expropiación de bienes, solo dos días después de la declaración de caducidad y éste lo acepta.

El proceso arbitral estuvo dividido en cuatro fases, i) medidas provisionales, ii) jurisdicción, iii) responsabilidad y iv) daños.

En la fase de medidas provisionales, Oxy solicitó que el tribunal le restituya la operación del Bloque 15 y prohíba a Ecuador disponer de la participación de OXY en el bloque y realizar actividades de exploración y explotación. Las partes presentaron sus alegatos. El 17 de agosto de 2007, el Tribunal rechazó la solicitud de las demandantes.

El Doctor Diego Garcí­a Carrión asume la Procuradurí­a General del Estado en abril de 2008, a solo un mes de la celebración de la audiencia de jurisdicción que se efectuó en París.

Bajo su liderazgo, el país ha llevado una titánica defensa a lo largo de siete años, en los cuales el debate legal ha tenido 9 audiencias orales e interminables memoriales escritos.

En la fase de responsabilidad, El 16 de junio de 2008, la PGE presentó su contestación a la demanda que, de manera fundamental establecía que:

La cesión de derechos entre OXY y ENCANA activaron las causales de Caducidad detalladas en el contrato y en la ley, por tanto la Caducidad fue apropiada y proporcional, por su parte OXY engañó al Estado ecuatoriano respecto de la verdadera naturaleza de los contratos suscritos con ENCANA.

Ecuador no expropió la inversión de OXY. La Terminación del Contrato de acuerdo con la Ley Aplicable no constituye una expropiación.

Ecuador no violó el Contrato de Participación, el TBI o la Ley Internacional.

Los reclamos de OXY son defectuosos porque no impugnó el Decreto de Caducidad frente a los Tribunales Ecuatorianos.

Además, la defensa del Estado formuló contrademandas en contra de la compañía:

1.- La conducta destructiva e ilí­cita de OXY después del decreto de caducidad.
2.- La falta de pago por parte de OXY del cargo de cesión y de una negociación de un contrato de participación más favorable al Estado.

Con respecto a la fase de daños, la cual se traspasó con la fase sobre responsabilidad, el Estado ecuatoriano sostuvo que, aún en el supuesto no consentido de que el Tribunal Arbitral concediera una indemnización a OXY, a este valor deberían aplicarse las siguientes deducciones:

1.- Un valor derivado de la aplicación de la culpa compartida de OXY. Es decir, la compañí­a, en cualquier caso contribuyó a la existencia de los daños de los que dijo haber sufrido.
2.- OXY solo tendría derecho al 60% del valor de la indemnización, pues es un hecho indiscutible que la compañí­a cedió el 40% de sus derechos sobre el contrato.
3.- Deberí­an deducirse los valores que la compañí­a debí­a pagar en concepto de la Aplicación de la Ley 42 y de la Ley Interpretativa del IVA.

En el laudo, el Tribunal encontró al Ecuador responsable por la violación del TBI firmado con Estados Unidos y lo condenó al pago de una indemnización de mil setecientos sesenta y nueve millones, seiscientos veinticinco mil dólares más intereses, a través de un Laudo en el que el Tribunal se excedió de manera manifiesta en el ejercicio de sus competencias y cuyas decisiones fueron tomadas sin motivación o con motivación insuficiente o contradictoria.

En tal virtud, la defensa del Estado presentó una solicitud de anulación del laudo, misma que fue registrada por el CIADI el 11 de octubre de 2012, con la cual se logró una suspensión de su ejecución, misma que fue ratificada por el Comité que conoce el proceso de manera unánime, mediante decisión de 30 de septiembre de 2013.

La audiencia sobre la fase de anulación se llevó a cabo del 7 al 10 de abril de 2014 en Paris, se espera la decisión final.

En el caso OXY emerge la dura historia de lucha de un Estado soberano dentro de un sistema de justicia internacional hecho por y para defender los intereses de los inversionistas.