COMUNICADOS
Quito, 16 de septiembre de 2026
UCS/013
TRIBUNAL ARBITRAL RECHAZA POR FALTA DE COMPETENCIA DEMANDA EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO POR MÁS DE 54.4 MILLONES DE DÓLARES
La Procuraduría General del Estado informa que, en el marco de un proceso arbitral planteado por la compañía INTERVISATRADE S.A. en contra de la República del Ecuador, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) y la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), en el que esta institución participó activamente en la defensa de los intereses estatales, el tribunal arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito (CAM-CCQ) emitió el laudo en el que se declaró incompetente para conocer la controversia respecto de todas las entidades demandadas, dejando sin efecto su declaratoria de competencia prima facie.
La demandante pretendía que se declare el incumplimiento de las demandadas del Contrato de Concesión suscrito para la generación eléctrica de una barcaza, la terminación de dicho contrato, y el pago de USD 54’491.558,00 por concepto de indemnización de daños y perjuicios, más los intereses correspondientes, en contra de las tres entidades demandadas.
El tribunal arbitral, acogiendo las excepciones de incompetencia planteadas por las demandadas, concluyó que ni Arconel ni CELEC EP son parte del Contrato de Concesión ni de la cláusula arbitral en él contenida, pues ninguna de las dos entidades prestó su consentimiento para arbitrar. Respecto de la República del Ecuador, el Tribunal determinó que, conforme el Código Orgánico Administrativo, la demanda en contra de la República del Ecuador fue erróneamente interpuesta, porque en arbitrajes domésticos, por mandato legal, es necesario que se demande al vehículo institucional por medio del cual el Estado actúa en la relación contractual y no corresponde demandar genéricamente al Estado.
En consecuencia, el Tribunal se declaró incompetente para conocer la controversia respecto de todas las demandadas y se abstuvo de pronunciarse sobre el fondo del asunto, por lo que, la pretensión de pago de USD 54.491.558,00 en contra del Estado y sus entidades fue rechazada.
La Procuraduría General del Estado reitera su compromiso con la defensa de los intereses estatales.