BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 21 de mayo de 2020
UCS/112
Finalizan diálogos con Odebrecht para reparación integral al Estado ecuatoriano
Luego de las comunicaciones recibidas de Odebrecht en los meses de diciembre de 2019 y marzo de 2020, la Secretaría Anti-Corrupción de la Presidencia de la República, la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado han tomado la decisión de finalizar las conversaciones con la empresa brasileña. En tal virtud, el día de hoy 21 de mayo de 2020, el doctor Íñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado, ha enviado una comunicación a la compañía informándole el particular.
La decisión fue tomada luego de que Odebrecht condicionara el reparar al Ecuador por todos los actos de corrupción cometidos por sus funcionarios, a que se le devuelva unos dineros que fueron retenidos por orden judicial y adicionalmente sugiriendo que la cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado podría verse afectada en caso de que no se restituya el dinero retenido. Adicionalmente, la compañía mantiene obligaciones pendientes con el Estado ecuatoriano y con quienes fueron sus proveedores, obligaciones que deben ser cumplidas sin condicionamiento alguno.
Por otra parte, en sus comunicaciones, Odebrecht ha dejado claro que actualmente no cuenta con recursos en el Ecuador que le permitan reparar al Estado en las dimensiones del daño causado, mostrando absoluta falta de seriedad de la intención expresada inicialmente por Odebrecht de indemnizar al Ecuador.
En tal virtud, a partir de la presente fecha Odebrecht deberá seguir las vías administrativas y judiciales regulares ante las entidades y órganos competentes para reclamar los derechos que considere le asisten. Por su parte, los organismos de control y las instituciones afectadas por los actos de corrupción e incumplimientos contractuales de la empresa iniciarán y continuarán las acciones que la ley les franquea para determinar el daño causado por Odebrecht y así reclamar ante los órganos competentes la reparación correspondiente. La Procuraduría General del Estado, por su parte, de conformidad con sus atribuciones, ejercerá, cuando corresponda, la defensa del Estado ecuatoriano, en resguardo de sus intereses, utilizando los mecanismos legales adecuados.
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