BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 28 de abril de 2020
UCS/93
La Procuraduría General del Estado analiza pedir posibles aclaraciones a la sentencia escrita del caso Sobornos 2012-2016
El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, a través de una entrevista telefónica con radio Quito, señaló que este organismo analiza la posibilidad de pedir aclaraciones a varios aspectos de la sentencia escrita por el caso Sobornos 2012 -2016, la misma que fue notificada este lunes, en un documento de 413 páginas.
Por un lado, el Procurador no está conforme con el monto de indemnización fijado por el Tribunal en USD 14’745.297,16, en comparación con el monto pedido por este organismo de USD 23,3 millones, en concordancia con el art. 286 del Código Penal, con el cual, el monto de los sobornos se fijó en USD 7’675.000, al multiplicarse por tres de acuerdo a la norma, daba como resultado la cifra de USD 23’025.000.
Según el doctor Salvador, en la sentencia se explica que se utilizó el baremo de dos y no de tres, de conformidad con el artículo 285 del Código Penal, en lugar del artículo 286. Pero aún así no comprende cómo se llega a la cifra de USD 7’372.000 cuando la suma propuesta por la PGE era de USD 7’675.000. “Ahí hay una diferencia de más o menos USD 300 mil que debe aclararse”, enfatizó durante la entrevista.
Otro tema en el que la Procuraduría podría pedir otra aclaración es que el cobro de la reparación se ha puesto con cargo al comiso de los bienes inmuebles de los sentenciados. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) prevé al comiso como una forma de pena, adicional a la privación de libertad.
A su criterio, el Tribunal debería haber dictado en su sentencia la pena privativa de la libertad, el comiso de los bienes producto de los actos ilícitos en este caso y, aparte de eso, el pago de la reparación al Estado, por la vía de la indemnización. Sin embargo -sostiene el doctor Salvador- esto se va a perfeccionar conforme transcurran las instancias.
Además, suponiendo que efectivamente el Estado ecuatoriano recupere los USD 14 millones que establece el Tribunal penal, no se ha definido la forma como deberán aportar individualmente cada uno de los 20 procesados.
Según el Procurador, entre los funcionarios públicos hay dos autores mediatos, siete coautores, diez autores directos y una cómplice. Al momento no se sabe cuál será el aporte pecuniario que cada uno de ellos debe pagar para cubrir el monto total de la reparación y eso le corresponde definir al Tribunal.
El doctor Salvador señaló que debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19, la Corte Nacional de Justicia ha suspendido los plazos y términos, por lo que
al momento no es posible presentar las solicitudes de ampliación y aclaración de estos temas. “Estamos en un compás de espera que esperamos no sea muy largo, ya que se necesita de una sentencia definitiva y ejecutoriada para que estos casos de corrupción sean cerrados”, indicó el Procurador.
En materia de organización interna, el Procurador dijo que la entidad desarrolla de forma impostergable sus actividades con el mecanismo de teletrabajo. “No hay mejor aliciente que la urgencia y la necesidad. El teletrabajo permite que me encuentre en permanente contacto a nivel externo e interno. El área de mediación, por ejemplo, ha tenido que ingeniárselas para cumplir con sus tareas por vía telemática”, expresó.
Según el principal personero de la PGE cuando pasemos del semáforo rojo a amarillo, algunos funcionarios deberán turnarse para trabajar de forma presencial, dando prioridad a las personas con vulnerabilidad para que se queden en casa.
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