Quito, 11 de mayo de 2012
CS/79
SEGÚN REVISTA LATIN LAWYER
RENEGOCIACIÓN PARA CONSTRUIR EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO FUE ELEGIDA COMO UNO DE LOS ACUERDOS DEL AÑO 2011
En su edición del 30 de marzo de 2012, la revista Latin Lawyer, publicación especializada en asuntos legales para América Latina, eligió como uno de los acuerdos más exitosos del año 2011 el alcanzado entre la República del Ecuador –representada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito– y el Consorcio Quiport, encargado de la construcción del nuevo aeropuerto de la capital.
En la publicación se menciona la intervención en el acuerdo del doctor Diego García Carrión, Procurador General del Estado, del doctor Álvaro Galindo, entonces Director de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la PGE, y del doctor Fabián Andrade, en su momento Procurador Síndico del Municipio.
Si bien el reconocimiento, otorgado en la categoría de “Las disputas del año 2011”, se hace a los abogados cuyas actuaciones profesionales han contribuido a conseguir acuerdos importantes para sus representados, es preciso resaltar la participación del Alcalde, doctor Augusto Barrera Guarderas, cuya decisión de impulsar un nuevo marco jurídico para el contrato de concesión del nuevo aeropuerto firmado en el 2003, trajo como resultado una “alianza estratégica” entre el Municipio de Quito y Quiport, evitando una nueva controversia internacional de inversiones.
Al respecto, el Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión comentó que “este es uno de los varios acuerdos alcanzados por el Estado ecuatoriano que revelan que la defensa estatal no es solo reactiva sino también preventiva, y que el mejor escenario siempre será evitar una controversia. Esta iniciativa, encabezada por el alcalde Barrera, junto a su equipo de abogados y el de la Procuraduría, convirtieron a este acuerdo no solo en una victoria para ambas partes y un ejemplo de trabajo interinstitucional para el sector público ecuatoriano, sino en un referente de negociación y acuerdo para toda la Región”.
Antecedentes
El 19 de agosto de 2009, Quiport notificó al Estado ecuatoriano sobre la existencia de una controversia como resultado de las modificaciones exigidas por el Estado ecuatoriano y el Municipio de Quito al contrato de inversión suscrito el 24 de junio de 2003 para la construcción del nuevo terminal aéreo de la ciudad.
Tales modificaciones, originadas en una sentencia de la Corte Constitucional del 23 de julio de 2009, cambiaron la naturaleza jurídica de las tarifas aeroportuarias y establecieron que, al ser fondos públicos, solo podían ser recaudados, retenidos y administrados por el Estado; adicionalmente a lo cual, el Municipio capitalino consideró que la ciudad debía recibir un beneficio económico directo por la explotación de los servicios aeroportuarios.
Si bien la solicitud de arbitraje fue presentada por Quiport el 18 de diciembre de 2009 al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el 13 de enero de 2010 Quiport y la República del Ecuador remitieron a la Secretaría General de ese organismo internacional una carta conjunta en la que comunicaban su decisión de suspender el arbitraje con el objeto de iniciar un periodo de consultas y negociaciones para encontrar una solución amistosa.
Dicho proceso de negociación culminó en febrero de 2011 con la exitosa renegociación del contrato de concesión y el retiro del arbitraje, aceptado por la Secretaría General del CIADI el 11 de noviembre último.
Este acuerdo permitió la ejecución del mayor proyecto de la ciudad de Quito de la última década.
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