Quito, 14 de junio de 2012
CS/ 81
LA COMPAÑÍA DEBERÁ PAGAR 2 MILLONES DE DÓLARES EN COSTOS LEGALES
POSICIÓN DE LA DEFENSA DEL ESTADO ECUATORIANO ES ACOGIDA POR TRIBUNAL ARBITRAL INTERNACIONAL EN DEMANDA INICIADA POR ULYSSEAS
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El martes 12 de junio, el Tribunal que conoce el arbitraje iniciado por la compañía Ulysseas en contra del Estado ecuatoriano, comunicó a la Procuraduría General del Estado el laudo final con el que desestima en su totalidad los reclamos de la empresa formulados bajo el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) suscrito con los Estados Unidos. Ulysseas pretendía que se declare responsable a nuestro país por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del TBI, debido fundamentalmente a una supuesta expropiación de la barcaza PBII en 2009 solicitando una indemnización de 56 millones de dólares.
El laudo final también condenó a Ulysseas a pagar, dentro de un plazo de 30 días, la mayor parte de los costos legales en los que debió incurrir el Estado ecuatoriano para defenderse en este proceso, que suman alrededor de 2 millones de dólares.
El Tribunal Arbitral –compuesto por los profesores Piero Bernardini, Michael Pryles y Brigitte Stern– desestimó de forma unánime los reclamos de la compañía considerando que no se configuró una violación por parte del Estado ecuatoriano al TBI y que, en consecuencia, no se violó la obligación de otorgar un trato justo y equitativo, no se actuó de modo arbitrario ni discriminatorio ni se configuró una expropiación de la inversión de la compañías.
Al respecto, el Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, hizo hincapié en que “el laudo acoge en su totalidad los argumentos del equipo de defensa del Estado, lo cual refleja el trabajo técnico jurídico, riguroso y sostenido por salvaguardar los intereses nacionales que encabeza la Procuraduría General del Estado que ha demostrado en derecho, y con argumentos contundentes, que nuestro país no tiene responsabilidad internacional sobre la demanda planteada por Ulysseas”.
Algunos antecedentes sobre el caso
Ulysseas Inc. es una compañía de propiedad de la firma de inversiones Elliott Associates, que suscribió con Conelec dos Contratos de Permiso para generación de energía eléctrica en 2005 y 2006 con la finalidad de que sus barcazas PBI y PBII prestaran sus servicios de generación eléctrica.
A pesar de que ambas barcazas estuvieron acoderadas en el sector de Las Esclusas en la ciudad de Guayaquil, el Contrato de la PBI quedó sin efecto por mutuo acuerdo, debido a que dicha barcaza presentaba graves defectos técnicos que impidieron su funcionamiento. Sin embargo, la PBII estuvo lista para generar energía pero Ulysseas nunca comenzó sus operaciones, alegando que ciertos cambios en la reglamentación eléctrica se lo impedían. Esa inactividad se prolongó hasta finales de 2009, cuando el Conelec, en consideración al incumplimiento de Ulysseas, a la grave crisis eléctrica de la época y de conformidad con el contrato, dispuso la Administración temporal de la PBII encargando su ejecución a CELEC EP – Termopichincha. Esto motivó que Ulysseas iniciara un arbitraje internacional en contra del Estado ecuatoriano bajo el Tratado de Protección de Inversiones (TBI) firmado con Estados Unidos.
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