Quito, 10 de diciembre de 2012
CS/100
EN PALABRAS DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO:
“DECISIONES ARBITRALES INJUSTAS HACEN QUE EL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE DISPUTAS INVERSIONISTA-ESTADO SEA DESEQUILIBRADO”
El pasado viernes 7 de diciembre, en el salón Los Robles del hotel Mercure de Quito, el Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, brindó una conferencia titulada “Las preocupaciones del Ecuador en torno al sistema de solución de disputas inversionista-Estado”, en el marco del curso avanzado sobre “La Nueva Generación de Políticas de Inversión y la Solución de Controversias Inversionista-Estado”, organizado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), con el apoyo de la Procuraduría General del Estado (PGE), entre el 3 y el 8 de diciembre.
En su intervención, el Procurador García manifestó su preocupación por las características que ha tomado el sistema de solución de disputas inversionista-Estado, que desvirtúan el rol de la justicia internacional y ponen en tela de duda su imparcialidad y objetividad.
A través del estudio de algunos de los casos más emblemáticos en los que el Estado ecuatoriano ha debido comparecer a tribunales internacionales de arbitraje, como Chevron y OXY, además de algunos otros de países vecinos, el abogado del Estado dejó expuesto que “muchos de los árbitros no entienden los conceptos de Derecho Público y principio de legalidad, y tampoco comprenden la obligación de los funcionarios públicos de cumplir y hacer cumplir la ley; en consecuencia, los tribunales que ellos conforman, desestiman el valor de las leyes locales y los acuerdos entre las partes frente al Derecho Internacional, alterando su justo equilibrio y otorgando a los inversionistas extranjeros más derechos de los que los propios tratados internacionales les conceden”.
El evento, dirigido a funcionarios públicos latinoamericanos, contó con la participación de expertos internacionales de reconocidos estudios jurídicos (Foley Hoag; Baker Botts; Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle; Dechert; Sidley Austin; Winston & Strawn; entre otros), además de académicos e investigadores del Derecho.
Las delegaciones latinoamericanas estuvieron conformadas por asesores jurídicos, altos funcionaros y representantes de las oficinas relacionadas con los temas de políticas comerciales y de inversión, así como de solución de controversias entre Estados e inversionistas, de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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