La República de Colombia realizó constantes asperciones de glisfosato en las áreas fronterizas con Ecuador desde el 2002, razón por la cual, la República de Ecuador planteó un Juicio en su contra ante la Corte Internacional de Justicia, por violación de las obligaciones internacionales. Como resultado del trabajo arduo y profesional de la PGE y el Gobierno Nacional, se alcanzó un acuerdo con el vecino paí­s, el 9 de septiembre de 2013.

En ejecución del programa de erradicación de cultivos ilí­citos de coca de su país, Colombia, desde el año 2000, vení­a fumigando también áreas ecuatorianas, debido a que la operación la realizaba aéreamente y el glifosato era arrastrado por las corrientes de aire a suelos patrios.

Estas aspersiones con químicos altamente tóxicos estaban causando daños extensos, duraderos y generalizados para Ecuador, su gente y su entorno, siendo los más afectados pobladores indí­genas de las zonas fronterizas, que son en su mayoría grupos vulnerables.

Al constatar los daños ocasionados a los ecuatorianos y al ecosistema, Ecuador consideró a estas aspersiones aéreas una violación de las obligaciones jurí­dicas internacionales, así­ como de varios convenios internacionales suscritos por ambos paí­ses, incluidos aquellos relativos a los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

El Ecuador inició un juicio en contra de Colombia tendiente a proteger sus derechos amparados por el Derecho Internacional, en el que alegó la violación de obligaciones internacionales de fundamental importancia en relación con la normatividad relativa a los daños transfronterizos y protección del medio ambiente, los derechos humanos y la normatividad relativa a la protección de los derechos de los pueblos indí­genas

En este contexto, la pretensión del Ecuador fue:

– Qué se declare que Colombia violó sus obligaciones internacionales causando daños en su territorio, su población, sus propiedades; y, su medio ambiente.

– Qué Colombia indemnice por los daños causados.

– Qué Colombia respete en el futuro la soberaní­a e integridad territorial del Ecuador.

La notificación de inicio de procedimientos fue presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 31 de marzo de 2008. La República del Ecuador presentó su memorial ante la Corte Internacional de Justicia el 28 de abril de 2009. Posteriormente, el 22 de junio de 2009, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, informó a la Corte que el Dr. Diego Garcí­a Carrión, Procurador General del Estado, fue designado Agente de la República del Ecuador.

Colombia presentó su contra-memorial el 29 de marzo de 2010. El Ecuador presentó su réplica el 31 de enero de 2011. Finalmente, Colombia presentó su dúplica el 1 de febrero de 2012.

El calendario procesal establecí­a que el período de audiencias se llevarí­a a cabo desde el 30 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2013, en el Palacio de la Paz en La Haya, Paí­ses Bajos; sin embargo, entre el 1 de agosto y 5 de septiembre de 2013, Ecuador y Colombia participaron de un proceso de negociaciones que culminó con la suscripción de un Acuerdo mutuamente satisfactorio para poner fin al juicio seguido en la Corte Internacional de Justicia.

El 9 de septiembre de 2013, se suscribió el acuerdo entre la República del Ecuador y la República de Colombia para la solución de la controversia existente en la Corte Internacional de Justicia, relativa a la erradicación aérea por parte de Colombia de los cultivos ilí­citos cerca de la frontera con el Ecuador.

En dicho acuerdo, la República de Colombia reconoció y lamentó que las aspersiones realizadas en territorio colombiano hayan llegado ocasionalmente a territorio ecuatoriano. Asimismo, manifestó su compromiso de hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar cualquier nueva situación que pudiera ocasionar un daño en el territorio del Ecuador.

Como parte del acuerdo, Colombia entregó a Ecuador una contribución económica equivalente a USD 15´000.000,00 (quince millones de dólares de los Estados Unidos de América), que estará orientada al desarrollo social y económico en las áreas de frontera a las que se aplica el Acuerdo, particularmente Esmeraldas y Sucumbíos.

Adicionalmente, las parte acordaron mantener una zona de exclusión, en que no se podría realizar aspersión aérea, de 10 kilómetros el primer año, 5 el segundo y 2 a partir del tercer año, estableciendo que si se comprueba que la deriva de las aspersiones aéreas realizadas en el marco del programa de erradicación de cultivos ilí­citos ha alcanzado territorio ecuatoriano, la parte de zona de exclusión libre de aspersión aérea no se reducirá.

La República del Ecuador puede ejercer un control efectivo del cumplimiento de estos compromisos pues, como parte del acuerdo, Colombia se obligó a informar a las autoridades ecuatorianas con suficiente antelación, el inicio de las operaciones de aspersión, cuando se las programe dentro de una franja de 10 kilómetros de la frontera, lo que permite accionar los mecanismos necesarios, constantes en los protocolos de implementación del Acuerdo, a efectos de determinar la presencia o no de deriva en el Ecuador, así como los eventuales daños que pudieran ocasionarse.

El 12 de septiembre de 2013, el Agente de la República del Ecuador, solicitó al Presidente de la Corte Internacional de Justicia el archivo del proceso, en razón del Acuerdo Suscrito.

La ejecución del acuerdo alcanzado es de responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.