Ecuador, al ser miembro de la Organización de las Naciones Unidas, suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Al suscribir y ratificar estos instrumentos internacionales, el Estado ecuatoriano asumió su normativa y el compromiso constitucional de adoptar acciones efectivas para luchar contra estos delitos, debiendo adecuar formal y materialmente el ordenamiento jurí­dico interno a los preceptos de estas convenciones.

Al constituir el lavado de activos un delito común, fue tipificado, regulado y sancionado por la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, publicada en el Registro Oficial del 18 de octubre de 2005, y por sus reformas contenidas en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, publicada en el Registro Oficial del 30 de diciembre de 2010.

Mediante la Ley fue creado el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, CONCLA, integrado por el Procurador General del Estado, quien lo preside, el Fiscal General del Estado, el Superintendente de Bancos, la Superintendenta de Compañías, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, la Directora General del Servicio de Rentas Internas, el Director General del Servicio Nacional de Aduanas y el Ministro del Interior, o sus delegados, estableciendo como órgano operativo a la Unidad de Análisis Financiero.

El CONCLA es el organismo encargado de dictar la Politica Nacional Antilavado. Sus competencias están orientadas principalmente a diseñar, desarrollar, implementar y ejecutar políticas, planes de prevención, control y represión contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y delitos relacionados. Así­ como programas de supervisión y capacitación en cumplimiento de la normativa existente.

En este ámbito, nuestro paí­s sistemáticamente adopta decisiones, teniendo como referente las 40 Recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que a nivel mundial fija estándares internacionales y promueve la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas en estas materias.

Al integrar la comunidad internacional, desde el año 2000 Ecuador forma parte del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, GAFISUD, organismo dedicado a la prevención y combate de estos delitos en la región y a monitorear el grado de cumplimiento en las evaluaciones permanentes que realiza a sus paí­ses miembros.

En los años 2007 y 2011 Ecuador fue sometido a dos procesos de evaluación mutua por el GAFISUD, dando como consecuencia la inclusión de Ecuador en su Declaración Pública de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en su sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, desprendiéndose de los respectivos informes una serie de observaciones y recomendaciones recogidas en los Planes de Acción Continuo en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT), aprobados por el CONCLA en el 2011.

El Procurador General del Estado, en su calidad de Presidente del CONCLA, en el año 2010, presentó el proyecto de reformas a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, expedida en diciembre del mismo año; y a partir de febrero de 2012 presentó una propuesta de textos alternativos al proyecto de Código Orgánico Integral Penal, promulgado en febrero 10 de 2014. Estos cuerpos legales contemplan normas especí­ficas que permiten una lucha más efectiva contra los mencionados delitos, conforme a los términos de los convenios internacionales. Entre las principales se destacan:

La adecuada tipificación de los delitos de lavado de activos, terrorismo y su financiación, cometidos por personas naturales o jurídicas; la inmovilización de fondos o activos de propiedad de terroristas o vinculados a ellos; la adopción de medidas cautelares; el comiso de fondos o activos del condenado por valor equivalente; y, la responsabilidad penal de las personas jurí­dicas.

La expedición de normativa reguladora por parte de la Junta Bancaria, Superintendencia de Bancos, Consejo Nacional de Valores, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Economí­a Popular y Solidaria, Servicio de Rentas Internas y Servicio Nacional de Aduanas, que determinan los controles que estos organismos deben ejercer sobre los sectores de la economí­a bajo su supervisión, así como otras normas y procedimientos dictados por la Unidad de Análisis Financiero, dirigidos a los sujetos que por ley están obligados a reportar las transacciones y operaciones que superen los diez mil dólares.

Sobre esta base, el Estado ecuatoriano evidencia estar dando los pasos necesarios para mejorar su régimen anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, continuando con la implementación de acciones para superar cualquier deficiencia estratégica en la lucha contra estos delitos.