Por primera vez, el Estado ecuatoriano tras una defensa excepcional, es absuelto de toda responsabilidad internacional ante la Corte IDH.

HISTORIA

En Manta, Provincia de Manabí­, el 16 de mayo de 1997 el señor Marco Bienvenido Palma Mendoza, de 45 años conducí­a su vehí­culo en compañí­a de su hijo de 11 años, cuando fue interceptado por una camioneta blanca, de la que se bajaron tres individuos armados, cubiertos con pasamontañas; el señor Palma fue conducido, con el uso de la fuerza, al interior de dicha camioneta que partió con rumbo desconocido.

Inmediatamente, sus familiares presentaron una serie de recursos a fin de ubicar su paradero. La búsqueda de Palma estuvo a cargo de la Policí­a Nacional en varias provincias, diligencias que produjeron posteriormente el hallazgo de su cuerpo en el Cantón Naranjal Provincia del Guayas.

11 años más tarde, en las cortes de justicia se dictó una sentencia condenatoria por el secuestro y muerte de Marco Palma donde se encontró culpables a tres autores materiales.

PGE

Mientras se desarrollaba el juicio contra los presuntos autores materiales de la muerte de Palma; sus familiares presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana, dio paso a la solicitud de admisibilidad planteada por el peticionario, así­ como en la etapa de fondo, por lo que determinó que el Ecuador, era responsable por las violaciones a los artí­culos 4 ( derecho a la vida ), 8 ( derecho al debido proceso ) y 25 ( garantí­as judiciales ), tutelados por la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.

El 3 de octubre de 2012, luego de aproximadamente 2 años de litigio y, un año después de la sentencia condenatoria de los autores materiales, la PGE recibió la notificación de la sentencia del Caso Palma Mendoza.

Dentro de este caso, la Corte resolvió que el Estado no violó los derechos a la integridad personal ni las garantías de protección judicial en relación con las obligaciones de respeto y garantí­a de los Estados en materia de derechos humanos.

La situación jurí­dica del caso se transformó radicalmente, con el hallazgo del cuerpo del señor Palma por cuanto el Estado demostró investigación oficial y efectiva.

Debido a que la sentencia de la Corte IDH no responsabilizó al Estado ecuatoriano de violación de derechos consagrados en la Convención Americana, la causa fue archivada y consecuentemente no existió proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia, ni indemnización alguna para las ví­ctimas a cargo del Estado.