El ciudadano ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla Molina, murió presuntamente en una ejecución extrajudicial por parte de agentes de la fuerza pública de Colombia en el marco de la Operación Fénix, llevada a cabo el 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano.

En tal virtud, el Estado de Ecuador presentó una comunicación inter-estatal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 11 de junio de 2009, en la que alega que el Estado de Colombia incurrió en la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantí­as judiciales y a la protección judicial contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Durante la audiencia celebrada en marzo de 2009 en Washington D.C, el Estado Ecuatoriano, representado por la PGE, señaló las peticiones de la demanda interestatal, que consistían principalmente que el Estado colombiano repare adecuadamente a los familiares de la victima y que la Republica de Colombia presente garantí­as efectivas de no repetición de los hechos.

El Procurador Diego Garcí­a y su equipo de abogados ecuatorianos de la Dirección Nacional de DDHH, estudiaron y presentaron este proceso inédito en el litigio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en donde Colombia negó sistemáticamente la competencia de la Comisión Interamericana de DDHH incluso abandonando abruptamente la Audiencia en marzo del 2010.

El 4 de noviembre de 2010 la CIDH tomó una decisión histórica, al declarar admisible la petición interestatal.

La admisibilidad significa que la Comisión Interamericana se declara competente para conocer este importante caso y que además, la petición cumple con los requisitos exigidos por la Convención Americana sobre Derechos, y se logró así­ sentar un precedente jurí­dico hemisférico en la justicia de derechos humanos.

En septiembre de 2013, el Ecuador llegó a un acuerdo con el Estado de Colombia para reparación sobre asuntos de frontera, que incluyó el Caso Aisalla. Este procedimiento permitió que se fortalezcan los lazos de hermandad entre las dos naciones, y su compromiso mutuo con la protección de los derechos humanos.

Por medio del acuerdo Colombia, generó un fondo para desarrollo y reparación dentro de la zona afectada en la frontera con Ecuador y en ese monto se incluyó una indemnización material que fue aceptada por la familia Aisalla.