La actuación ágil y oportuna de la PGE, logró en este caso, evitar un perjuicio al Estado de más de cuarenta y cuatro millones de dólares

El Ciudadano Carlos Eduardo Romero Vinueza presentó el 03 de julio de 2001 un recurso de amparo constitucional en contra del Ministerio de Finanzas, que recayó en el Juzgado Tercero de los Civil de Pichincha, solicitando se le pague una diferencia del valor de la expropiación del predio San José de Anducilli y Estero, resuelta el 24 de junio de 1997 versus el pago que se realizó 3 años después, el 29 de diciembre del 2000.

El Ministerio de Finanzas apeló la resolución expedida por el referido juez, por lo que el juicio pasó a conocimiento de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional de la época, el 10 de diciembre de 2001, que dispuso que el Ministerio de Economí­a y Finanzas proceda a realizar el avalúo del inmueble y cancele esta diferencia.

En la fase de ejecución de la resolución constitucional se presentaron incidentes procesales, tales como presentación de informes periciales arbitrarios por parte del reclamante, órdenes emitidas por los jueces que conocieron el proceso de embargos y entrega de dinero a favor del accionante que perjudicaron los intereses del Estado

En providencia de 22 de julio de 2002, el Juez Primero de lo Civil de Pichincha aprobó una liquidación de 9 millones 500 mil y ordenó embargos sobre cuentas del Ministerio de Finanzas, logrando entregar un millón 500 mil dólares al accionante. El 1 de agosto del 2012, el juez Wilmer Ambrossi ordenó que el Ministerio de Finanzas pague 44 millones de dólares por concepto de “precio” del inmueble.

Estas acciones irregulares quedaron sin efecto, a través del auto de 3 de julio de 2013, en virtud de la demanda de Acción de Incumplimiento de Sentencia Constitucional presentada por la PGE ante el doctor Juan Salazar Ruiz, Juez Tercero de lo Civil.

El 20 de agosto de 2013, el demandante presentó y solicitó se apruebe una liquidación por 112 millones de dólares, misma que fue negada.

Según la liquidación efectuada por el Ministerio de Finanzas, el Sr. Carlos Romero Vinueza, debe devolver al Estado ecuatoriano la suma de 941 mil dólares.

En este caso se pretendieron violar los derechos constitucionales del Estado, con la intencionalidad de arrebatar recursos estatales. La PGE, actuó para evitar que estos perjuicios se realicen.