La Procuraduría General del Estado del Ecuador inició en las cortes de Estados Unidos, varias acciones conocidas como 1782, con la finalidad de obtener importantes documentos en favor de la defensa de Ecuador, dentro del arbitraje que por supuestas denegación de justicia y violación del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito con Estados Unidos, inició la transnacional petrolera Chevron en contra de Ecuador.

El 13 de noviembre de 2013, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito en Denver (Colorado) ratificó que la defensa de Ecuador puede hacer uso de miles de documentos, que la petrolera pretendía mantener en reserva, en poder del señor Bjorn Bjorkman, uno de los expertos ambientales de Chevron, y podrían demostrar que la compañía intentó minimizar y ocultar la contaminación causada por su operación de más de 30 años en Ecuador y que fuera objeto del litigio conocido como “juicio de Lago Agrio”.

El 31 de enero de 2014, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos (corte de apelaciones a nivel federal) ratificó que el Estado ecuatoriano puede utilizar cientos de miles de páginas que contienen información sobre la actuación de Michael Kelsh y Douglas Mackay como peritos a favor de la petrolera.

Al momento la defensa de Ecuador, ha interpuesto varias acciones con la finalidad de obtener documentos de la compañía de investigadores privados Mason Investigative Group, quienes están vinculados con Chevron Corporation.

Los documentos obtenidos demuestran que la metodología y las conclusiones de los expertos de Chevron en el análisis de la contaminación causada por la compañía durante su operación en la Amazonía ecuatoriana, son inexactas y revelan su estrategia para ocultar los daños ocasionados durante la operación de Texaco en Ecuador.

Testimonial Blanca Gómez y Diego García