Las petroleras Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company plantearon contra el Ecuador un arbitraje de inversión, al amparo del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, por supuesta demora injustificada de la administración de justicia ecuatoriana.

Durante la década de los noventa, Texaco entabló contra el Estado ecuatoriano siete causas comerciales ante las cortes nacionales por desacuerdo en el precio del petróleo pagado por concepto de consumo interno.

Con esa base, Chevron y Texaco, presentaron una demanda arbitral por violación del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, alegando que la falta de resolución oportuna de dichas causas, que hasta la fecha de presentación de la notificación de arbitraje no habían sido decididas, produjo un caso de denegación de justicia.

El Tribunal arbitral dictó en marzo de 2010 un laudo parcial en el que se establecía la responsabilidad del Ecuador por la demora de las cortes ecuatorianas y fijó un monto por daños y perjuicios de aproximadamente 700 millones de dólares, que corresponde a la suma de los valores reclamados por la compañía en todos los juicios presentados en el Ecuador, más intereses. Gracias a una acertada defensa del Estado ecuatoriano, encabezada por la Procuraduría General del Estado y sustentada en la legislación tributaria, el Tribunal Arbitral determinó, entre otras cosas, que los valores que reclama la compañía deben tributar el 87,31% de impuesto unificado, por lo que Chevron-Texaco sólo puede percibir 96’355.000 millones de dólares; esto significa una reducción de aproximadamente un 86% en relación al laudo parcial y, más aún, de un 94% sobre las aspiraciones de la compañía, originalmente calculadas en 1.600 millones de dólares.

El 31 de agosto de 2011 el tribunal arbitral dictó un laudo final, reduciendo el quantum a un total de aproximadamente USD 96 millones de dólares, incluyendo intereses devengados hasta la fecha del laudo. No obstante la significativa reducción del monto por compensar, el Estado ecuatoriano rechaza este laudo, pues considera que no tiene validez legal y representa una grave injusticia.

La defensa del Estado ecuatoriano sostiene que las demandas de Chevron, planteadas entre 1991 y 1993, y que son la base de este laudo a favor de la compañía, no estaban amparadas por el Tratado Bilateral de Inversiones ya que este entró en vigencia recién en 1997 y, como su aplicación no puede ser retroactiva, el Tribunal no tenía competencia para decidir sobre tales reclamaciones.

Y más grave aún, el Tribunal decidió que, como consecuencia de los retrasos judiciales, podía por sí mismo decidir sobre las demandas y tomar el lugar de los jueces ecuatorianos, ignorando por completo sus decisiones y sobrepasando su autoridad. Y lo hizo a pesar de haber reconocido implícitamente que las cortes de Ecuador son competentes e independientes.

La Procuraduría no acepta que los retrasos en la decisión de las demandas de Chevron-Texaco impliquen la violación de alguna disposición del TBI y discrepa con la interpretación del Artículo II (7) realizada por el Tribunal Arbitral. Según el Ecuador, el requerimiento este artículo de medios efectivos, se refiere a la provisión de un marco o sistema en virtud del cual puedan efectuarse reclamos y hacerse cumplir los derechos, pero no obliga a las Partes en el Tratado a asegurar que el marco o el sistema provisto sea siempre efectivo en casos particulares.

Por estas razones el Estado ecuatoriano presentó ante las Cortes del Reino de los Países Bajos –lugar sede del arbitraje– una acción de nulidad del laudo, que fue rechazada. El Ecuador recurrió entonces a la Corte Suprema del Reino de los Países Bajos, que en su decisión dejó constancia que el Fiscal General holandés Jaap Spier había aconsejado el revertir la decisión de la Corte de Apelaciones, por medio de la caul se rechazó el pedido del Estado ecuatoriano de anular el Laudo Arbitral.

El Fiscal General Spier, tras un extenso examen, encontró que la Corte de Apelaciones aplicó equivocadamente una definición del término inversión sin un límite temporal; y que su razonamiento conducía a admitir que cualquier inversión, sin importar a qué tiempo perteneciera, estaría protegida por el Tratado.

A pesar de lo anterior, la Corte Suprema concluyó que la definición del término “inversión” contenida en el Tratado, se desviaba potencialmente de la definición usual; por lo que la Corte de Apelaciones estuvo facultada a ejercer su discrecionalidad al momento de establecer el alcance de la definición de inversión contenida en el TBI.

El Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, mencionó que: “Independientemente de la decisión de la Corte Suprema del Reino de los Países Bajos, el Ecuador continúa con su defensa ante la Corte de Apelaciones de Circuito del Distrito de Columbia, en donde Chevron pretende ejecutar el Laudo del caso Chevron II. La Ley de Estados Unidos requiere que la Corte revise nuevamente si Chevron tuvo una inversión calificada como tal, bajo el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito entre el Ecuador y Estados Unidos.”

La ley referida por el Procurador es la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos. Ley de nivel federal que exige que los laudos arbitrales, para ser ejecutados, deban ser expedidos en concordancia con el acuerdo arbitral. Para la defensa del Estado, este no es el caso del laudo del caso Chevron II, ya que la supuesta inversión de Chevron terminó en 1992, mientras que el TBI – que contiene el acuerdo arbitral – entró en vigencia en 1997 por lo que Chevron nunca tuvo una inversión protegida.