La empresa transnacional Texaco, comprada por Chevron en el 2001, operó en el Ecuador desde 1964 hasta 1990. Extrajo millones de barriles de petróleo sin utilizar los métodos acordados en el contrato de explotación para la preservación de la naturaleza, a pesar de que los patentaba y utilizaba en los Estados Unidos.

El 6 de junio de 1992, Texaco salió de Ecuador cuando terminó la concesión pero desde 1990, la operación de los campos, la asumió Petroecuador.

En 1995, Texaco firma un Plan de Acción de Remediación en el que se compromete a limpiar 264 piscinas. Pero ninguna remediación efectiva fue operada por la empresa norteamericana, ni siquiera en las 162 piscinas que dice haber limpiado. A modo de “remediación” la empresa disimuló centenares de piscinas de residuos tóxicos, producto de las actividades extractivas, cubriéndolas con una capa superficial y dejándolas en el mismo estado contaminante.

En un memorando del 7 de mayo de 1996 la Contraloría informaba al presidente ejecutivo de Petroecuador, que se utilizó tecnologías totalmente inadecuadas para el tratamiento del crudo: incineración a cielo abierto, descarga de aguas de formación al ecosistema sin análisis y menos aún tratamiento, así como taponamiento de piscinas sin tratamiento de sedimentos “lo que provoca afloración de crudo”.

No obstante, en 1998, en el gobierno de Jamil Mahuad Witt, se firma un Acta de Finiquito que libera a Texaco de cualquier demanda del Estado Ecuatoriano después de la “remediación ambiental” operada por la empresa. Este acuerdo daba por terminada la relación entre el Estado y Texaco.

Pero, contrariamente a lo que mantiene Chevron, este acuerdo no concernía en absoluto a los ciudadanos afectados de la Amazonía ni era una renuncia a nombre de terceros, como lo confirmó el laudo parcial del Tribunal de Arbitraje constituido bajo las reglas UNCITRAL, el 17 de Septiembre pasado, el cual sólo se refirió a los derechos colectivos, no a los individuales, sin que en el laudo se hayan pronunciado respecto de si los reclamos de los demandantes de Lago Agrio son individuales o colectivos.

Los antecedentes de este caso, llamado Chevron III, se encuadran dentro de la estrategia global que Chevron Corporation ha iniciado para evitar el pago y la determinación de responsabilidad en la demanda que por daño ambiental entablaron en los años 90 algunos pobladores de la Amazonía contra la Texaco:

CASO Aguinda: Ante las Cortes de Nueva York. 1993

Luego de 10 años, la Corte Suprema de Estados Unidos, ratificó la decisión de las cortes inferiores a través de la cual se declararon incompetentes para conocer el caso, dado que los hechos se produjeron en el Ecuador y los afectados eran ecuatorianos.

CASO Lago Agrio, Iniciado en 2003 ante la corte de Sucumbíos.

Su primera instancia terminó en el 2011 con un fallo favorable a las comunidades. La sentencia judicial, ratificada en apelación y posteriormente reformada en casación, condena a Chevron al pago de 9 mil millones de dólares. Actualmente, está pendiente una resolución de la Corte Constitucional pues Chevron presentó una Acción Extraordinaria de Protección, sustentada en el argumento de que el proceso de Lago Agrio está basado en un fraude judicial y en consecuencia no se respetó el debido proceso.

Caso RICO: en 2010, ante la Corte federal de Nueva York, Chevron demanda bajo el amparo de la ley RICO (Racketeer Influnced and Corrupt Organizations) a los defensores del Frente Amazónico alegando que los demandantes forman parte de una asociación criminal cuyo negocio es extorsionar a la compañía.

La Compañía petrolera Chevron ha entablado tres casos contra estado ecuatoriano:

Chevron I. En junio de 2004, Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company iniciaron un proceso arbitral en Nueva York en contra de PETROECUADOR con base en una cláusula arbitral incluida en un Acuerdo de Operación Conjunta (el “AOC”) de 1965 celebrado por Gulf y Texaco, (los dos co-concesionarios originales), alegando una clausula de indemnidad. El 24 de julio de 2009, un juez de la Corte Federal de Nueva York aceptó la posición del Estado ecuatoriano de que Petroecuador no estaba obligado a ir a un arbitraje iniciado.

Chevron II: En 2006, Chevron-Texaco inicia un procedimiento arbitral internacional en contra del Estado ecuatoriano ante un Tribunal Ad Hoc, bajo reglas UNCITRAL, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, basándose en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) suscrito entre Ecuador y Estados Unidos (este TBI fue firmado en 1993 y entró en vigor en 1997: cinco años después del fin de las inversiones de Texaco en el país. (Declararse competente en base a este TBI es hacer uso retroactivo del mismo a pesar de que no contempla ninguna clausulas retroactiva). El Tribunal condenó finalmente al Estado ecuatoriano al pago de USD 96 millones por la violación del Art. II (7) del TBI. Ecuador ha solicitado una acción de nulidad contra este laudo.

Chevron III

El 23 de septiembre de 2009, Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company iniciaron un arbitraje bajo reglas UNCITRAL, en contra del Estado ecuatoriano, mediante el que busca que el Tribunal declare:

– Que Ecuador incumplió el TBI con EEUU.
– Que Ecuador es exclusivamente responsable por la sentencia que pueda dictarse en el juicio iniciado por las comunidades de Lago Agrio en la Corte de Sucumbíos. Que se ordene y condene a Ecuador a mantener indemnes a Chevron – Texaco con relación con los resultados del juicio de Lago Agrio.
– Que Chevron no tiene responsabilidad por los impactos ambientales en la Amazonía luego de su operación en Ecuador.
– Indemnización por daño moral.

Chevron-Texaco alega una supuesta denegación de justicia por cuanto a su juicio en el proceso en la Corte de Sucumbíos se presentaron actos de corrupción de los demandantes, los jueces, el Estado y peritos; por lo tanto el Ecuador será responsable de cualquier monto que se le pretenda cobrar por la sentencia del caso Lago Agrio.

JURISDICCION Y ADMISIBILIDAD

El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Arbitral dictó un laudo interino sobre jurisdicción y admisibilidad, con el que se declaró competente para conocer las demandas planteadas por las compañías Chevron y Texaco.

Para la etapa de fondo, originalmente se dividió el procedimiento en dos fases:

Fase 1, donde se discutió la naturaleza de los acuerdos de liberación suscritos entre Ecuador y Texaco.

Fase 2, que se refiere a las supuestas violaciones al TBI firmado con Estados Unidos. La emisión de la sentencia de casación de la Corte Nacional de Justicia (12 de noviembre de 2013) y la dúplica del Ecuador (16 de diciembre de 2013), pusieron de manifiesto que el reclamo de Chevron había sido prematuro, ya que los supuestos del casos cambiaron en función de lo decidido por la Corte Nacional.

Posteriormente se estableció la división de la controversia en tres fases:

Fase 1 B: Temas pendientes de la Fase 1:
a) Si el demandado ha violado el Acuerdo de Liberación de 1995 y qué remedios tendrían los demandantes frente a esa supuesta violación.
b) Si la demanda de los actores de Lago Agrio corresponden a derechos individuales y difusos.
c) Los efectos específicos de los cambios de legislación ambiental luego de los acuerdos de 1995 y 1998, incluyendo la interpretación de la Ley de Gestión Ambiental de 1999.

Fase 2: Se se mantiene en los mismos términos originales;

Fase 3: Dependiendo de las resoluciones del Tribunal sobre las fases anteriores:

a) Determinación de una compensación monetaria para las demandantes por violación del TBI;
b) Cuantificación del daño ambiental reclamado por el Ecuador;
c) Compensación por el incumplimiento del Ecuador del primer y segundo laudo;
d) Petición de reconsideración del primer, segundo y cuarto laudo efectuada por el Ecuador.

MEDIDAS PROVISIONALES
Luego de que el 3 de enero de 2012, la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos dictó la sentencia de apelación en el juicio iniciado por las comunidades indígenas en contra de Chevron, ratificando la sentencia de primera instancia que aceptaba la demanda, Chevron-Texaco presentó al Tribunal un solicitud de medidas provisionales. Al respecto el Tribunal dictó dos laudos interinos.

PRIMER LAUDO INTERINO: 25 de enero del 2012:

El Tribunal ordena que Ecuador adopte todas las medidas disponibles para suspender la ejecución, dentro y fuera de Ecuador, de toda sentencia contra Chevron en el Caso Lago Agrio.

SEGUNDO LAUDO INTERINO: 16 de febrero del 2012:

Establece una urgencia debido al riesgo de un daño substancial a Chevron-Texaco, que podría ser irreparable mediante compensación monetaria.
El tribunal ordena que el Ecuador adopte todas las medidas necesarias para que se suspenda la ejecución y el reconocimiento dentro y fuera de Ecuador de las sentencias dictadas por la Corte Provincial de Sucumbíos.

El 9 de febrero del 2011 se dictó la Cuarta Orden de Medidas Cautelares, Ecuador no pidió que se anule nada.

Los demandantes del juicio de Lago Agrio iniciaron acciones para ejecutar la sentencia en Canadá, Brasil y Argentina. El 7 de noviembre de 2012 los demandantes obtuvieron el embargo preventivo de cuentas bancarias y acreencias de dos sociedades constituidas en Argentina pertenecientes a Chevron, así como el embargo de la participación societaria de Chevron en cada una de dichas sociedades.

CUARTO LAUDO INTERINO.- 7 de febrero de 2013:

El Tribunal declara que Ecuador ha violado los Laudos Provisionales Primero y Segundo y deberá justificar jurídicamente por qué no debería compensar a Chevron por todo daño causado por las violaciones de estos laudos.

ARGUMENTOS DE ECUADOR

1. La posibilidad de suspender la ejecución de la sentencia estaba en manos de Chevron-Texaco quien no solicitó ni rindió la caución al interponer el recurso de casación.
2. Ningún funcionario del Estado podría cumplir con los laudos sobre medidas provisionales porque incumpliría las leyes ecuatorianas y se expondría a sanciones penales.
3. Por estas razones, la defensa del Estado ecuatoriano ha pedido la reconsideración del cuarto laudo interino, petición aún no resuelta por el Tribunal.

La defensa del Estado también ha solicitado medidas provisionales en contra de Chevron debido a sus reiteradas violaciones a la orden del Tribunal y mantener el status quo y no agravar la controversia, así como sus reiterados y millonarios ataques a Ecuador:

8 de marzo de 2012, para que se ordene a Chevron detener la campaña de relaciones públicas en contra del Estado y de la Administración de Justicia Ecuatoriana.
15 de marzo, 19 de marzo, 23 de abril, 2 de mayo de 2012, por persistir la campaña por parte de Chevron en contra de Ecuador.
20 de junio de 2012, para que ordene a Chevron detener el cabildeo iniciado por este en contra de Ecuador para la no renovación de la LEY DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS Y ERRADICACION DE DROGA (ATPDA).
9 de agosto de 2013, ante la campaña iniciada por Chevron en la página web www.juiciocrudo.com y las opiniones vertidas por uno de los abogados de Chevron en contra del Ecuador.
6 de septiembre de 2013 Ecuador reiteró su pedido de que se declare a Chevron en violación de las órdenes de medidas provisionales y su solicitud de que se remueva la página juiciocrudo.com, así como todos los videos cargados en el Internet que difaman al Estado ecuatoriano y a su gobierno.

PRIMER LAUDO PARCIAL EN LA FASE 1 17 de septiembre de 2013

El laudo Arbitral

Con este laudo parcial se pronuncia sobre la naturaleza del Acuerdo de Liberación firmado en 1995 entre el Ministerio de Energía y Minas de la época, Petroecuador y Texaco.
El Tribunal se abstuvo expresamente de emitir un pronunciamiento sobre el supuesto incumplimiento del Acuerdo de Liberación.
El Tribunal no se pronuncia ni establece, de momento, violación alguna del contrato o del derecho internacional por parte del Estado.
Con el Acuerdo de 1995, el Estado ecuatoriano no liberó a Texaco y Chevron de reclamos individuales de terceros. Según el Tribunal, el Acuerdo se refiere a las reclamaciones que el Estado ecuatoriano pudiera plantear en ejercicio de sus propios derechos y no a las reclamaciones realizadas por terceras personas que actuaren con independencia del Estado en ejercicio de sus derechos individuales.

En este laudo parcial el tribunal:

FASE 1
1. Se pronunció sobre la naturaleza del Acuerdo de Liberación firmado en 1995 entre el Ministerio de Energía y Minas de la época, Petroecuador y Texaco.
2. Se abstuvo expresamente de emitir un pronunciamiento sobre el supuesto incumplimiento del Acuerdo de Liberación.
3. No se pronunció ni estableció violación alguna del contrato o del derecho internacional por parte del Estado.
4. No se pronunció sobre la validez del juicio de Lago Agrio ni sobre la actuación de los jueces ecuatorianos

Errores del tribunal
El Tribunal se equivoca al caracterizar la naturaleza de las Actas de Liberación suscritas entre Texpet y el Estado ecuatoriano. El Tribunal no considera que las Actas son “Contratos de Transacción” y el Estado comparece como “parte contractual” y no investido de sus poderes.

El Tribunal se equivoca al considerar que a la fecha de la transacción entre el Estado y Texaco, solo el Estado podía plantear una demanda difusa al amparo del Artículo 19-2 de la Constitución, para salvaguardar el derecho de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente sin contaminación. Esta interpretación contradice el concepto de derecho difuso. Tales derechos son reconocidos a favor de todos los habitantes; y no es el Estado el titular de la acción, por tanto su renuncia no puede involucrar a terceros.

El Tribunal se equivoca al concluir que solamente quienes hayan sufrido daño individual pueden ejercer la acción en los casos de daño contingente contemplado en el Código Civil. El daño contingente no solo se produce en el caso de afectación individual. El art. 2236 del Código Civil concede acción popular en todos los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas.

FASE 1B

Impacto de la Sentencia de la Corte Nacional

El Tribunal Arbitral está en la obligación de respetar la decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.
El sistema judicial como tal y de manera íntegra es quién debe decidir sobre cuestiones de Derecho Ecuatoriano.

FASE 2
Argumentos de Chevron
1. La conducta de Ecuador y la sentencia en Lago Agrio constituyen una denegación de justicia según el derecho internacional consuetudinario, debido a la existencia de:
Fraude y corrupción
Violaciones fundamentales del debido proceso
Interferencia del Gobierno
Arbitrariedades
Conductas discriminatorias, parciales o prejuiciosas
Excesiva presión pública
2. Ecuador no ha otorgado a las inversiones de las Demandantes un trato justo y equitativo
3. Ecuador violó su obligación de proveer protección y seguridad plenas a las inversiones de las Demandantes.
4. Las medidas arbitrarias y discriminatorias de Ecuador deterioraron la inversión de las Demandantes.

Argumentos de Ecuador

1. El reclamo fue prematuro. Chevron no había agotado los recursos internos que disponía el sistema de justicia de Ecuador, como el Recurso de Casación y la Acción Extraordinaria de Protección que eran recursos a su disposición. Con la emisión de la sentencia de casación por parte de la Corte Nacional de Justicia han cambiado los presupuestos fácticos del reclamo presentado por Chevron, volviendo inoficioso e irrelevante lo actuado hasta el momento dentro de la fase II de responsabilidad.
2. Sobre la denegación de justicia. No se juzgan casos aislados sino el Sistema. Aún bajo el pretexto de determinar una denegación de justicia, los Tribunales arbitrales no pueden juzgar un sistema judicial sin tomar en cuenta las circunstancias de cada país.
3. El Ecuador solicitó al Tribunal tome en cuenta lo siguiente:
La devastación ambiental ocasionada por Texaco y Chevron como su sucesora y su responsabilidad.
Las tácticas ilegítimas de Chevron en el proceso de Lago Agrio.
La falta de prueba de la supuesta colusión entre el Estado y los litigantes de Lago Agrio.

FASE 3
PUNTOS A DEFINIRSE

1. Determinar la cuantificación de daños en el evento de una condena en responsabilidad.
2. Evaluar la necesidad de incluir las cuestiones ambientales planteadas por el Ecuador.

ACCION DE ANULACION LAUDOS INTERINOS DE MEDIDAS PROVISIONALES Y LAUDO PARCIAL FASE 1

El 7 de enero de 2014, la Procuraduría General del Estado presentó ante la Corte del Distrito de La Haya una solicitud de anulación del laudo parcial sobre la Fase I de responsabilidad, emitido el 17 de septiembre de 2013.

La solicitud de anulación, además, comprende los laudos internos sobre medidas provisionales dictado por el Tribunal el 25 de enero, el 16 de febrero de 2012 y el 7 de febrero de 2013; así como el laudo interino sobre jurisdicción y admisibilidad dictado el 27 de febrero de 2012.

El proceso continúa en marcha. Es previsible que éste se extenderá durante todo el 2014 y quizá gran parte del 2015.