La compañía norteamericana Ulysseas Inc. demandó a la República del Ecuador por el supuesto incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del Tratado Bilateral de Inversiones con los Estados Unidos, argumentando la expropiación de la barcaza Power Barge II (PBII) en 2009. La defensa del estado pudo demostrar que el Ecuador actúo en pleno derecho y consiguió un Laudo favorable al país y el pago de las costas procesales al Estado por dos millones de dólares.

El 15 de agosto del 2005 y el 12 de septiembre del 2006, el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) firmó dos contratos de generación eléctrica con la compañía norteamericana Ulysseas, propietaria de dos barcazas de generación eléctrica: la PBI y la PBII, que se encontraban en el sector de las esclusas en Guayaquil.

Durante los años de 2009 y 2010, el Ecuador atravezó por la peor sequía de los últimos 40 años, por lo que las centrales hidroeléctricas no estaban en capacidad de producir la cantidad de energía que demandaba la población, razón por la cual el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia en el sector eléctrico.

Durante ese periodo de escacez de energía, la compañía Ulysseas, se negó a entregar la energía eléctrica prevista en el contrato, lo cual podría agravar la situación eléctrica en el país. Ante tal negativa, el Estado ecuatoriano tomó la administración temporal de la Barcaza PBII.

Al cumplirse el tiempo determinado por la ley, el Estado buscó devolver la barcaza pero Ulysseas se negó a recibirla e inició el procedimiento arbitral.

La demandante acusó al Ecuador de violar el Tratado Bilateral de Inversiones con los Estados Unidos, al no brindar garantías plenas en la normativa jurídica que regulaba el sector eléctrico, lo cual conllevó al menoscabo de sus legítimas expectativas de conseguir un contrato con las compañías de distribución eléctrica. Por último, Ulysseas alegó una supuesta expropiación por parte del Ecuador, durante la administración temporal de la barcaza.

El Ecuador argumentó por su parte que ninguno de los supuestos cambios normativos que adujo la compañía fueron en desmedro de los intereses de las generadoras eléctricas, por su parte la expedición de normas como el Mandato 15 garantizaron el pago a los participantes del sector.

Adicionalmente, cada una de las medidas adoptadas por la República estuvo amparadas por la legislación ecuatoriana y a las circunstancias de hecho (emergencia eléctrica del país). No existió expropiación pues el Estado reconoció la propiedad de las barcazas y pagó un canon de arrendamiento y si la compañía no generó por si misma fue por sus altos costos operativos que convertían a su propuesta como inviable.

En su demanda presentada el 1 de marzo de 2011, la compañía Ulysseas, solicitó al tribunal una indemnización de 56.1 millones de dólares.

El caso concluyó el 12 de junio de 2012 con un laudo a favor del Estado ecuatoriano que determina el pago a su favor por 2 millones de dólares en costas. En vista de que el pago no se ha realizado, la Procuraduría ha iniciado las gestiones para su cobro a través de un proceso de ejecución.