Este arbitraje fue planteado por la supuesta violación del TBI suscrito con los EEUU, como consecuencia de la aplicación de la Ley 2006-42 que regula los excedentes extraordinarios del petróleo.

El 27 de enero de 1986, CEPE y el consorcio de compañías conformado por Conoco Ecuador Ltd, Overseas Petroleum, Diamond Shamrock Petroleum y Nomeco Latin America; suscribieron el Contrato de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Bloque 16 de la Región Amazónica.

El 28 de julio de 1987, Conoco asignó un porcentaje de sus derechos y obligaciones a dos compañías consitutidas bajo las leyes del bermudas: 10 por ciento a Murphy Ecuador y 10 por ciento a Canam Offshore Limited, esta última transfirió todos sus derechos y obligaciones bajo el Contrato del Consorcio a Murphy Ecuador en 2006.

A esa fecha el interés se distribuyó en el Consorcio de la siguiente manera: Repsol YPF Ecuador (35%), Overseas Petroleum and Investment Corporation (31%); Murphy Ecuador (Bermuda) (20%) y CRS Resources Ecuador Ldc. (14%). El 12 de marzo de 2009, Canam Offshore vendió toda su participación que tenía en Murphy Ecuador a Repsol YPF Ecuador S.A.

Debido al incremento internacional de los precios internacionales del petroleo, el 25 de abril de 2006, el Congreso Nacional del Ecuador promulgó la Ley 2006-42 la misma que reguló la participación en los ingresos extraordinarios por el aumento del precio del petróleo en por lo menos un 50% para el Estado.

El primer intento de Murphy por atacar las cargas impuestas sobre utilidades bajo la Ley No. 42 a través de un procedimiento CIADI fue desechado por el Tribunal en Laudo de 15 de diciembre de 2010. Ecuador fue exitoso en ese caso al demostrar que no se había cumplido con el período de 6 meses de negociación y consultas previsto en el Artículo VI del Tratado Bilateral de Inversión suscrito entre el Ecuador y los Estados Unidos.

Murphy interpuso nuevamente un procedimiento de arbitraje en sede CIADI en 2011. La fuerte posición de la República en torno a la imposibilidad de Registro de la acción planteada en razón de la denuncia del Tratado CIADI hecha por Ecuador, hizo que Murphy desistiera voluntariamente de continuar este proceso arbitral.

El Ecuador denunció el Convenio CIADI el 6 de julio de 2009, la misma que entró en vigor el 7 de enero de 2010.

Poco después, Murphy inició, en un tercer intento, un proceso arbitral bajo las Reglas UNCITRAL.

La demandante alega que la Ley 42-2006 modificó la participación de la contratista, violando cláusulas contractuales y el TBI suscrito entre EEUU y Ecuador. Alega la modificación unilateral del contrato y una supuesta expropiación de los bloques petroleros que operaban en el Ecuador.

Ecuador señala que La Ley 42 no modificó los contratos, sino que reguló el factor precio. Con la Ley 42 se equilibró entre las partes la economía del contrato. No se ha violado el BIT.

En este arbitraje, la defensa del Estado presento cuatro objeciones a la jurisdicción a través de su memorial de 15 de agosto de 2009, que se detallan a continuación:

• El Tribunal Arbitral carece de jurisdicción sobre las demandas de Murphy International, pues pertenecen a la clase de controversias para las cuales la República no dio su consentimiento, de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 ( 4 ) del Convenio CIADI que limitó las clases de controversias para las cuales el consentimiento al arbitraje CIADI está disponible. Dicha notificación excluyó la posibilidad de su consentimiento a las clases de controversias dentro de las cuales están comprendidas las demandas de Murphy Internacional.

• El Tribunal carece de jurisdicción sobre las demandas de Murphy International porque constituyen demandas a nombre de Murphy Ecuador, una empresa de las Bermudas que queda fuera del ámbito de las obligaciones de la República del Ecuador en virtud del TBI.

• El Tribunal carece de jurisdicción porque Murphy International no puede demostrar que la controversia no se puede solucionar amigablemente mediante consultas y negociaciones, tal como lo exige el Artículo Vi (2) del TBI Ecuador- EEUU. Dicho TBI exige que haya consultas y negociaciones, que demuestren la imposibilidad de un arreglo amigable antes de que las demandas se puedan someter a arbitraje. Murphy no hizo ningún intento por iniciar consultas ni negociaciones. Murphy International no puede basarse en las negociaciones llevadas a cabo entre Repsol y la República para satisfacer las obligaciones establecidas en el artículo. Murphy no cumplió con el periodo obligatorio de espera de 6 meses (cooling off period ). Requerido por el artículo VI (3) del TBI.

• El Tribunal no tiene jurisdicción sobre los reclamos de Murphy International aparte del reclamo por expropiación, pues cada una de las medidas reclamadas constituye una medida tributaria dentro del significado de dicho artículo.

El 16 de octubre de 2009, la República del Ecuador presentó su Contestación a la Demanda, en la cual se expusieron los argumentos de fondo, que se detallan a continuación:

• Murphy ha fracasado en cumplir con su carga de la prueba y demostrar que hubo alguna violación a la ley aplicable.

• Murphy ha fracasado en establecer que el Ecuador violó la disposición de trato justo y equitativo del TBI.

• El contrato de participación para la explotación del bloque 16, no contiene ninguna protección de estabilidad legal.

• La ley 42 no constituye una modificación unilateral del contrato, sino la regulación del factor precio que no estuvo prevista al tiempo de la suscripción del contrato.

• La demandante ha fracasado en demostrar que la ley 42 violó el estándar de protección y seguridad plenas y que dicha ley constituya una medida arbitraria, de acuerdo al concepto que se le da en el TBI.

• La demandante ha fracasado en demostrar que la ley 42 expropió su inversión. Los derechos contractuales de Murphy Ecuador no han podido ser expropiados debido a que, bajo la ley aplicable, los derechos contractuales no constituyen propiedad que pueda ser expropiada.

• La ley 42 no constituye expropiación de ganancias de acuerdo a los términos del Art. III (1) del TBI. Las ganancia no so “ inversiones “ protegidas por las disposiciones sobre expropiación del TBI.

El 13 de noviembre de 2013, el Tribunal Arbitral dictó su decisión parcial de Jurisdicción con lo cual el procedimiento arbitral avanza a la etapa de fondo en la que se discutirán las reclamaciones de la petrolera.

En relación a las otras tres objeciones a la jurisdicción, el Tribunal se pronunciará al final del procedimiento junto con los temas de fondo.